Huelga de la Administración de Justicia

Al parecer, se ha anunciado que ha terminado la huelga de la Administración de Justicia, que ha provocado un enfrentamiento entre los Letrados (antiguos Secretarios Judiciales) con el Gobierno de la nación, por motivos salariales.

Esta huelga, o mejor dicho, su fin, no debería haber sido noticia, si no fuese porque ha durado dos meses y medio, con la paralización de los órganos jurisdiccionales. Dichos Letrados son funcionarios que cumplen con la función de la dirección y organización de lo que se conoce como Oficina Judicial (Secretaría), así como con ser los depositarios de la fe pública judicial.

Ello significa, entre otras cosas, que sin su participación no puede funcionar un órgano jurisdiccional. Cuando ello sucede, el retraso indefinido de los recursos y otras cuestiones judiciales – se calcula que varios centenares de miles – puede eternizarse, sin que previamente se pueda adivinar cuándo llegará la ansiada normalidad.

Todo ello es una verdadera vergüenza política y profesional. Un Estado serio, un Estado que es miembro de la Unión Europea, no puede permitir que la Administración de Justicia permanezca paralizada por una huelga de sus funcionarios, al reclamar una subida salarial que había sido previamente prometida e incumplida por el Ministerio de Justicia.

Es intolerable políticamente que los ciudadanos permanezcan durante ese prolongado espacio de huelga, sin ser debidamente atendidos, suspendiéndose los procesos judiciales, sin que se les facilite información mínima seria y creíble.

Además, la Unión Europea ante un conflicto de estas dimensiones, en el que una parte de su territorio permanece sin Justicia, en otras palabras, sin Administración de Justicia, debido al colapso de los órganos jurisdiccionales de uno de sus Estados miembros, debería haber tomado parte decisiva en la finalización de esta huelga e incluso en las conversaciones entre el Comité de Huelga y el Ministerio de Justicia, que no ha sabido, no ha podido o no ha querido conceder la importancia que tenía la reclamación salarial.

Las promesas deben cumplirse, pero en un Estado como el nuestro ello parece ser una utopía, si nos atenemos a la formación moral y profesional de la mayoría de nuestros políticos. Por eso, anteriormente se ha calificado esta huelga, el tiempo de la misma, el final y sus desastrosas consecuencias, de vergüenza, sin que la Sra. Ministra de Justicia se haya involucrado, como era su obligación, en el devenir de aquella.

No hay excusa posible ante esta dejación de funciones del Ministerio de Justicia y de su titular. La Justicia, con mayúsculas, es una función estatal de primer orden, que debe cuidarse e incluso mimarse para el buen funcionamiento, la seriedad y el respeto que merece el Estado en cuestión.

Esta huelga ha puesto en evidencia que la Administración de Justicia es algo más que las luchas internas del Consejo General del Poder Judicial y el nombramiento de Vocales que lo componen. Ni una palabra se ha conocido de este órgano constitucional, que se considera el tercer poder del Estado.

Y no ha pasado absolutamente nada. No ha habido protestas espontáneas de ciudadanos afectados, ni de profesionales que guardan una íntima relación con la Administración de Justicia ni tampoco de los Médicos Forenses, Peritos Judiciales, entre otros.

¿Qué ocurrirá ahora? En un Estado que ha consentido la duración de esta prolongada huelga, alguien tiene que ser responsable de ello. Es precisamente esa excesiva duración y el fracaso político de la gestión ministerial, lo que ha permitido un más que acreditado funcionamiento irregular de la Administración de Justicia que, al haber provocado consecuencias dañosas, necesariamente tendrá que hacer frente a las indemnizaciones correspondientes.

Aparte de la legitimidad de la reclamación salarial de los Letrados en huelga, lo que también podría ser objeto de comentario, el hecho llamativo ha sido la falta de noticias y comunicación del desarrollo de la misma. Tanto los representantes de los huelguistas, como de la Sra. Ministra, o bien, de los responsables del Ministerio de Justicia, no han sabido o no han querido dar las explicaciones justificativas de su conducta dilatoria.

Cuando comiencen a llegar las primeras reclamaciones indemnizatorias, por los daños y perjuicios causados, veremos qué ocurre.

Tal vez de este modo la próxima vez el Ministerio de Justicia, preste más atención al cumplimiento de sus funciones profesionales, especialmente las relacionadas con la organización de los órganos jurisdiccionales y la atención, así como el respeto debido a los ciudadanos, que en nada son responsables de esta situación de abandono político en el desempeño de las funciones ministeriales.